La prueba de fuego de la recientemente recuperada democracia se vivió en junio de 1984. ¿Quién planeó el secuestro de Hernán Siles Zuazo? ¿Jaime Paz Zamora, vicepresidente de Siles, tuvo algo que ver? ¿Por qué no se prosiguió con las investigaciones? Casi 40 años después de esos hechos que hicieron temer por un nuevo golpe, una investigación llega a los lectores con las firmas de Rafael Archondo e Isabel Siles.
A las 8 de la noche del viernes 29 de junio de 1984, su Excelencia da por concluida la jornada. Deja dicho entonces que se retira a descansar. Sumergido en la penumbra, el subteniente José Rubert Gonzales Galloso lamenta haber sido obligado por instrucción superior a ocupar, justamente en aquella velada, la comandancia de guardia. No le tocaba, pero la seguridad del doctor Hernán Siles Zuazo queda así sorpresivamente en sus manos. En aquellos años, los custodios de la entrada a la casa presidencial, los centinelas del patio interior y los guardias apostados dentro del inmueble carecían de comunicación entre sí. Gonzales era el único nexo entre esas cápsulas adyacentes.
A las 2:15 de la madrugada, el oficial del Ejército Celso Campos Pinto se reporta en la entrada de la casa que aún sigue ahí, al final del barrio de San Jorge, en el umbral de Obrajes. Llega solo para no activar conjeturas. Despierta a Gonzales y le anuncia que en unas horas llegarán allí refuerzos del regimiento Ingavi. Parece una operación de rutina para mejorar la seguridad del primer mandatario. Hasta ahí, todo hace pensar que aquella será una noche como todas.
Sin embargo, a las 4:45, 40 uniformados tienen ya cercada la residencia. Campos está de regreso. Tras una charla de diez minutos con el ya citado comandante de guardia, los recién llegados proceden a arrestar a todos los centinelas externos. Envuelven las armas confiscadas en frazadas y se las llevan junto con los prisioneros a la cercana Escuela Básica Policial de la avenida 6 de Agosto. Para ello suben la vía a contramano.
A fin de no alertar a los guardias que secundan al presidente dentro de la residencia, los golpistas van desplazando los autos fuera de la zona con los motores apagados. Despejada el área del ingreso, Campos toca la puerta principal. Cuando el confiado celador la abre, el intruso ya ha metido su bayoneta con la que rompe la cadena de un tirón. El último escollo se ha desactivado.
Un vehículo Pontiac Trans-Am rojo acaba de estacionarse afuera. Siles Zuazo es obligado a entrar en él. Lleva un abrigo negro, un reloj Omega, su billetera y una libreta de anotaciones. Cuatro secuestradores lo conducen hasta la casa 1011 de la calle Estados Unidos, entre Honduras y Haití, en Miraflores. Una vez adentro, lo cobijan amarrado a un catre. La democracia boliviana, que apenas bordea dos años, está a punto de vivir su bautizo de fuego.
El fotógrafo de Presencia, Román Cordero, se agacha, pero no se detiene. Padece hambre de primicias y sujeta la cámara como si fuera su protector antibalas.
En la redacción del diario Presencia vibran las alarmas. Juan Carlos Zambrana es enviado a cubrir la noticia del inesperado secuestro. Lo acompaña Román Cordero Márquez, fotógrafo. Pasa la mañana y el golpe parece atorado, no hay una sola señal más que confirme los malos augurios. De repente, a primera hora de la tarde, el citado fotógrafo se encuentra a sí mismo estudiando el muro de la casa 1011. Ha decidido escalarlo. Los soldados del Ingavi tienen cerrada la calle. El hombre salta hasta el patio interno. De la ventana de arriba salen dos disparos al aire. Román Cordero se agacha, pero no se detiene. Padece hambre de primicias y sujeta la cámara como si fuera su protector antibalas. De repente, por la ventana se asoma Siles, que pide guardar la calma. Nuestro jefe de Estado de 70 años siente el caño de un fusil en la espalda. Con las manos en alto, el fotógrafo del diario católico pide que lo dejen entrar. Cuando alcanza la habitación del secuestrado, después de trasponer las escaleras, captura imágenes, mientras entabla una negociación. Afuera ya ha corrido la voz: Siles está vivo y lo usan como escudo.
A las 3 de la tarde, un soldado decide forzar la cadena del garaje. Es la tercera explosión dentro de aquel barrio perturbado. Todo transcurre de acuerdo con el plan. Los seis secuestradores salen refugiados bajo el ala generosa del presidente. Un vehículo los deja en la residencia de la embajada argentina. Tenemos los nombres de los asustados captores: Justo Ordoñez Monasterios, Aurelio Ortiz García, Marco Antonio Linares, Mario Botello Arana, René Delgado Carretero y Marcelino Luna Sotomayor. Habían sido reclutados un día antes en el billar Montecarlo de la avenida Pérez Velasco por Adolfo Monje y Rudy Bertini Zambra. Sin embargo, no estuvieron en San Jorge durante la madrugada, sino que esperaron a su custodiado directamente en Miraflores. Tras pasar la noche en la casa de Rubén Darío Fuentes Simons, fueron enviados dos cuadras más abajo a cuidar a “una persona importante”. Allí entendieron la magnitud del delito. Entre sus ocupaciones encontramos la de empleado público de la Prefectura, carpintero o comerciante. En general, malviven con pegas temporales, ninguno vive de la política.
Los refugiados en la embajada no se fueron del país. Optaron por someterse a la justicia de la cual se fueron desembarazando gradualmente. Cuando Siles ya había dejado la Presidencia, salieron libres bajo fianza. A ellos y a los autores intelectuales del atropello, el Senado les otorgó una amnistía. Bolivia vencía así su primer examen de la democracia, pero dejaba impune el maltrato al hombre que puso su vida en riesgo para edificarla. La amnistía debilitaba la institucionalidad democrática.
En un comunicado, el Alto Mando Militar de las Fuerzas Armadas advierte puntualmente “su total repudio al atentado perpetrado contra la persona de Su Excelencia” y declara “estado de emergencia y acuartelamiento” para hacer prevalecer el régimen constitucional.
El secuestro de Siles, cuya duración se calcula en diez horas, fue un acto criminal que además de impune, ha quedado en el olvido a pesar de su dilatada importancia. Por fortuna, en el curso de esta investigación, hemos podido acceder al expediente completo del caso recopilado por el senador por La Paz, Andrés Soliz Rada, quien el 27 de octubre de 1993 quiso conocer a fondo todos los hechos. El documento referido contiene las declaraciones tomadas a todos los presuntos implicados. Dada la amnistía decidida por el Senado, se trató de un crimen sin castigo. A continuación, revestimos la narración anterior, la conocida hasta ahora, con los datos entregados por la carpeta de investigación.
Aquel sábado 30 de junio, cuando Paz Zamora está aún en el viejo continente, el secuestro del jefe de Estado domina todos los titulares matutinos. El gobierno de Portugal, a cargo del socialista Mario Soares, dispone de inmediato un avión para que Paz Zamora retorne a Bolivia. Éste prefiere esperar.
Es sábado, la ciudad apenas se despereza. Miguel Urioste, ministro secretario, alerta a su partido sobre el hecho desde muy temprano. Tras una reunión de emergencia con la dirigencia mirista, se dirige a Radio Cristal, cuyo informativo de las cinco de la mañana, dirigido por Carlos Mesa, lanza la primicia al país.
El mayor Luis Ardaya, edecán del vicepresidente, no está con él. Se ha quedado en Bolivia por razones no aclaradas. Luego se descubre que está involucrado en la conspiración. Al saberlo, Paz Zamora declara: “El ex mayor Ardaya tenía que viajar conmigo a España y Portugal. Sin embargo, el día del viaje, Ardaya no se presentó en el aeropuerto, lo que me llamó mucho la atención, razón por la que inmediatamente llegué a Santa Cruz (…) di parte de esta irregularidad”. Según el testimonio de un alto dirigente mirista que entonces trabajaba para la Vicepresidencia, Paz Zamora lucía visiblemente enfadado por la ausencia de Ardaya, porque éste tenía en su poder la documentación necesaria para encarar las reuniones programadas en Lisboa y Madrid.
Pasan las horas angustiosas. Las autoridades no entienden qué está pasando. ¿Por qué secuestran al presidente y luego no ocurre nada más? El ministro del Interior, Federico Álvarez Plata, recorre uno a uno los cuarteles policiales en busca de algún síntoma de insubordinación. Nada. Por su parte el jefe de la Casa Militar, el general Edgar Claure Paz, enciende las alarmas en las Fuerzas Armadas. Todo sigue en calma.
En un comunicado, el Alto Mando Militar de las Fuerzas Armadas advierte puntualmente “su total repudio al atentado perpetrado contra la persona de Su Excelencia” y declara “estado de emergencia y acuartelamiento” para hacer prevalecer el régimen constitucional. Por su parte, el Comité Ejecutivo Nacional de la Unidad Democrática y Popular (UDP) “advierte a los secuestradores de los irreparables daños que pueden derivarse de la situación por ellos creada”.
El Presidente argumenta calmado con sus custodios, les habla de sus familias y de la gravedad de lo que están haciendo. Tampoco entiende lo que está pasando, pero comprende que son peones de una trama más amplia.
Dentro de la casa de Miraflores, que es una fábrica abandonada, Siles permanece atado a una cama, junto a seis de sus captores. Los secuestradores lucen nerviosos e inseguros. No son ni soldados ni policías. Alguien los ha contratado para que custodien al detenido, con quien conversan desordenadamente sin dar muchas explicaciones. Siles intenta calmarlos. Les pide que no lo maten y que acepten de él una salida protegida que los lleve hasta una embajada. El presidente argumenta calmado, les habla de sus familias y de la gravedad de lo que están haciendo. Tampoco entiende lo que está pasando, pero comprende que son peones de una trama más amplia y solo quiere ganar tiempo.
Mientras tanto, Antonio Araníbar, uno de los principales dirigentes del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), está empeñado en aplacar el posible golpe de Estado. En su memoria autobiográfica (2020), Toño recuerda haberse reunido con Óscar Eid, el otro dirigente nacional de su partido, para trazar un plan de contraataque. Le encarga comunicarse con la dirigencia de la COB a fin de preparar una posible movilización nacional de los trabajadores en contra de cualquier ensayo para interrumpir la continuidad de la democracia.
Luego toma contacto directo con Guillermo Capobianco, jefe de la bancada del MIR en el Congreso. En sus palabras, la coordinación con Memo no fue tan fácil: “Hablé con Capobianco para (…) pedirle que en ninguna circunstancia se permitiera la convocatoria a sesión congresal”. Araníbar temía que la ausencia física del Presidente Siles fuera aprovechada por la oposición mayoritaria en el parlamento para designar a un sucesor de inmediato.
Araníbar sigue su relato: “Para sorpresa mía, sentí la contrariedad de Memo: “no pues Toño, hay que convocarlos ya mismo, necesitamos todo el apoyo institucional del parlamento”. Se puso chúcaro, y yo no me dejé amilanar: “¡Nada carajo!, aquí no se reúne el Congreso, suceda lo que suceda. Este asunto lo resolvemos en gabinete y con las Fuerzas Armadas”. A regañadientes, Capobianco cedió a mi exigencia. Confieso que me quedó con un sabor amargo en la boca, pero en ese instante mi preocupación era otra”.
Más adelante Araníbar comprobaría con alivio que la idea de reemplazar a Siles antes de su reaparición mediante una convocatoria al Congreso no se iría a llevar adelante. “Afortunadamente Alfonso Ferrufino, en su papel de parlamentario, puso freno a esas ambiciones irresponsables impidiendo que el Congreso se juntara”, resume el entonces máximo dirigente mirista.
Esta información fue parcialmente corroborada más adelante por el entonces canciller Gustavo Fernández, quien le contó a los autores de este libro que cuando él había terminado de organizar tres equipos para enfrentar la crisis (uno dentro del Poder Ejecutivo, otro en el seno del ejército y otro en la Central Obrera Boliviana (COB) y entre los partidos políticos), Julio Garret, entonces presidente del Senado, le consultó si no sería conveniente convocar a una sesión extraordinaria del parlamento. Fernández recuerda haberle respondido: “No me jodas”.
Mediante un diálogo intenso en la Embajada de Venezuela, logran que los uniformados asilados les revelen la dirección donde se encuentra el valioso secuestrado. Hablan de una casa de la calle Estados Unidos, pero no saben el número.
A las diez de la mañana, el embajador de Bolivia en Caracas, el expresidente Walter Guevara Arze se contacta telefónicamente con el Canciller Gustavo Fernández. Tiene una información urgente que transmitir. Un grupo de cinco militares bolivianos acaba de pedir asilo en la embajada de Venezuela en La Paz. Fernández era en ese momento jefe de gabinete, de modo que prácticamente estaba a cargo de la situación de crisis. De inmediato se comunica con la representación diplomática. Exige que le pasen el teléfono a los asilados. Quiere que le digan dónde está Siles. El embajador venezolano se excusa, los tiene bajo su protección y no puede obligarlos a nada. Entonces Fernández toma el toro por las astas. De inmediato marca el teléfono del presidente Jaime Lusinchi en Caracas. Le pide que lo ayude a cambiar la opinión de su diplomático en La Paz. Cuando el embajador cede, Fernández mira a su alrededor. Su viceministro Jorge Crespo y el ministro Óscar Bonifaz están sentados muy cerca. Les pide que corran a la embajada e interroguen a los asilados. En los minutos siguientes, los enviados, acompañados por el edecán de Siles, ingresan a la embajada de Venezuela en La Paz. Mediante un diálogo intenso, logran que los uniformados les revelen la dirección donde se encuentra el valioso secuestrado. Hablan de una casa de la calle Estados Unidos, pero no saben el número. Entonces el general Sejas recibe el parte del canciller Fernández. En cuestión de minutos, soldados del regimiento Ingavi inician un rastrillaje casa por casa. Al llegar al 1011 y tocar el timbre dos veces sin que haya respuesta, los capitanes Aramayo y Flores intentan establecer algún contacto con los habitantes del edificio. Como ya se explicó antes, el fotógrafo Román Cordero, protegido por su condición de periodista, grita desde adentro: “Aquí está el doctor”. Los oficiales responden con un grito imperativo: “Están rodeados, entréguense”.
Para entonces ya han llegado al lugar el ministro Óscar Bonifaz y Jorge Crespo, subsecretario de Relaciones Exteriores, los hombres que obtuvieron el dato que llevó a cerrar la búsqueda. Ambas autoridades ingresan a la casa para entablar una negociación con los delincuentes. Lo hacen mediante el enlace de Cordero. A las tres de la tarde, todo queda acordado. En una vagoneta del ejército, los secuestradores, su valiosa presa y las dos autoridades citadas se dirigen hasta la residencia diplomática argentina. Cuando la puerta de legación se abre, los asistentes a una parrillada diplomática se sorprenden al ver llegar al presidente de Bolivia. Una vez que los conspiradores se quedan a buen recaudo dentro del edificio, Siles es llevado de inmediato al Palacio de Gobierno.
El reloj marcaba las tres y media de la tarde.
El secuestro de Siles, cuya duración se calcula en diez horas, fue un acto criminal que, además de impune, ha quedado en el olvido a pesar de su dilatada importancia.
En la plaza Murillo, la cúpula de la UDP, en la que destacan Araníbar y Eid, espera a Siles envuelta en el júbilo y el alivio. La plaza se llena de alborozados udepistas, que repudian el golpe. Las promesas de rescatar el gobierno de su postración brotan espontáneamente. La liberación de Siles parece haber calmado las disidencias internas, pero no será por mucho tiempo.
Desde el balcón de Palacio, Siles se dirige a la gente que lo saluda agitando pañuelos: “El resultado del secuestro ha sido totalmente positivo. Esta unidad, que debemos mantener inquebrantable, alerta y vigilante, servirá para que el proceso revolucionario sea digno de nuestro gobierno y el gobierno digno de su pueblo”.
Con referencia a los secuestradores, en su discurso, Siles le vuelve a dar una lección al país cuando exclama: “Tampoco queremos actuar en términos de castigar, a veces injustificadamente, a quienes han hecho esto por una vil paga (…). Cuando se es fuerte, hay capacidad de ser generoso (…) A seis pobres hombres que habían sido contratados, los hemos dejado asilados en la Embajada Argentina. Puede ser que esto suscite críticas, pero los responsables no son esos hombres. Están en otros lugares de la administración pública, en diferentes niveles de la sociedad boliviana. Hay que ubicarlos en sus lugares para que no se repita eso”.
Aunque se inició la investigación judicial, dicha pesquisa quedaría trunca.
En ese mismo tenor, ante los periodistas, Antonio Araníbar afirma: “Aquí hay ausentes que son responsables de todo esto, les exigiremos rendir cuentas”. La referencia a Paz Zamora no puede ser disimulada.
En esas horas tensas, Araníbar (2020) percibió otro hecho llamativo. “¿Cómo recibimos el retorno de don Hernán? Con júbilo, sin dudas. Sin embargo, sí recuerdo que en el festejo, Carmen Pereira, esposa de Jaime, quien usualmente se mostraba extrovertida, estaba desconsolada. ¿Era legítimo que lo esté? Sí, sin duda. Ante la posibilidad de que su cónyuge fuera el nuevo presidente, el retorno de Siles no parecía ser lo deseado”.
¿Fue Paz Zamora la mano que movía los hilos? Araníbar tiene sospechas, pero no evidencias: “¿tenía Jaime un acuerdo clandestino con la gente del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) para efectivizar la sucesión constitucional?… y me respondo que sí. Nuevamente quiero aclarar lo que se debe aclarar: no culpo del golpe a Jaime por creer que sí tenía un acuerdo soterrado con el MNR. No, creo que el acuerdo se refería a alguna “ocasión especial” que, en caso de darse, no podía ser desperdiciada. Esta fue esa “ocasión especial”. Claro que sí, debió pues haber algún pacto oculto que tenía como objetivo catapultar a Jaime a la presidencia”.
Más adelante, el Frente de Masas Obrero (FMO), organización interna del MIR, acusó directamente al vicepresidente mirista de ser parte de la conspiración y el Semanario “Aquí” terminó de contar la historia. El hecho es que uno de los operadores directos del secuestro, el coronel Germán Linares regresó a la policía convertido en jefe de una unidad especial antiterrorista (el CEIP) y se mantuvo en el puesto durante el posterior gobierno de Paz Zamora (1989-1993). La impunidad de Linares es un dato no aclarado. En 2019, Linares publicó sus memorias, contenidas en dos libros. En uno de ellos, se refiere a la lucha antidrogas y en el otro, al combate contra el terrorismo. Su papel fue clave en ambos terrenos. Cuando dirigió el secuestro de Siles era jefe de la llamada UMOPAR, grupo de élite de la Policía entrenado por la Embajada de los Estados Unidos. Sobre el secuestro de Siles, Linares guarda un espeso silencio. Aunque en inicio intentó publicitar el texto, luego no fue fácil para nosotros conseguirlo.
Cuando años más tarde, el periodista Carlos Mesa le preguntó al Presidente Paz Zamora, en su despacho de Palacio, por qué Linares fue premiado, él responde que él no tomó la decisión de reincorporarlo a la policía.
El diálogo transcurre del siguiente modo (transcripción textual):
Paz Zamora: “El anterior gobierno lo reincorpora a la policía (a Linares) y al reincorporarlo le da todos los derechos de policía y ciudadano, y él sigue su carrera policial”.
Mesa: “A pesar de que todo el país sabe que hizo un acto delictivo…”.
Paz Zamora: “Pero si el anterior gobierno lo incorpora, es el doctor Paz Estenssoro, el gobierno del MNR el que incorpora legalmente a este policía que actúa en la situación del doctor Siles, yo cuando soy presidente ya lo encuentro en su escalafón, en su carrera policial. Entonces que quede claro para la opinión pública. Yo en esto no quiero enjuiciar a nadie, porque también es muy fácil ser tan duros con los aparatos que defienden la seguridad ciudadana y ser tan benévolos contra los que atentan contra la seguridad ciudadana”.
La “aclaración” no aclara nada. ¿Por qué Paz Zamora no procesó o volvió a dar de baja a Linares?, ¿por qué el MNR lo recibió y el gobierno MIR-ADN lo ratificó? El desenlace final del secuestro de Siles, al que Paz Zamora llama “situación”, es de impunidad y seguirá despertando sospechas sobre los nexos que dieron lugar al intento de golpe y sucesión constitucional ocurrido en junio de 1983.
Los secuestradores de Siles quedaron impunes. Sin embargo, sus nombres son conocidos. Desde el seno de las Fuerzas Armadas habrían participado Luis Ardaya y Rolando Saravia, mientras en la Policía se mencionan los nombres de Germán Linares Iturralde, Celso Campos Pinto, Pablo Vargas Aranda, Carlos Barriga y Rafael Vargas Barrientos.
Según Gary Prado y Edgar Claure, el secuestro fue el eslabón suelto y desgajado de un complejo plan orientado a derrocar a Siles y reemplazarlo por un gobierno civil-militar. En la lista de estos dos autores militares, que fueron actores directos en la defensa del gobierno constitucional, figuran personas tan diversas como Guillermo Bedregal o Ciro Humboldt (MNR), Eudoro Galindo, Fernando Kieffer o Alfredo Arce Carpio (ADN). Lo destacable del libro de Prado y Claure es que exculpa completamente a Paz Zamora de su participación en el hecho.
La pesquisa
De acuerdo a la carpeta de investigación de caso, sistematizada por el entonces subsecretario de Justicia, Jorge Koehler Salas, los seis centinelas de la casa de la calle Estados Unidos (Ordoñez, Ortiz, Linares alias Huayno, Botello, Delgado y Luna), las únicas personas encontradas con “las manos en la masa”, conocieron al militante del MNR, Adolfo Monje, en el billar “Montecarlo” situado en la confluencia de la plaza Pérez Velasco y calle Pichincha. Es Monje quien los invita a su casa la noche del 23 de junio, en la que se celebra la tradicional noche de San Juan. Allí, en el barrio de Alto Obrajes, los hombres beben y conversan hasta la madrugada del día siguiente. En el curso de esas conversaciones festivas, Monje les ofrece trabajo. Ninguno parece haber sospechado que se trataba de secundar un secuestro de esa magnitud.
Las farras acompañan diversos relatos de los encausados. El coronel Germán Linares también descarga sus responsabilidades en las propiedades amnésicas del alcohol. En su declaración, el entonces jefe de “Los Leopardos”, policía antidroga organizada con ayuda de los Estados Unidos, asegura haber estado celebrando el cumpleaños de su hermano toda la noche del 29 de junio. Las libaciones se habrían prolongado hasta las 3 de la mañana. Linares dice haber estado borracho y dormido cuando Siles fue trasladado de San Jorge a Miraflores. Al despertar y en medio de la resaca, el coronel habría recibido llamadas amenazantes. Así, mientras escuchaba las noticias sobre el plagio del presidente, habría tomado la decisión de protegerse dentro de la Embajada de Venezuela. Como sabemos, su pedido de asilo alertó a las autoridades, que afirman haber dado con la ubicación del secuestrado, de boca de los oficiales refugiados en la legación diplomática. ¿Fue Linares quien reveló a Jorge Rodríguez Días, el embajador venezolano, la calle en la que Siles estaba retenido ilegalmente?
A medida que se avanza en las pesquisas, se comprueba que, a más involucramiento directo en el secuestro de Siles, menor es el conocimiento de los implicados en los aspectos íntimos de la conspiración. La desconexión entre los cerebros y los operadores es visible.
Los testimonios de los custodios abren nuevas pistas. Dos casas fueron usadas para la acción criminal. La primera, situada en la plaza Villarroel de Miraflores, perteneciente a Rubén Darío Fuentes Simons, se convirtió en la víspera del ataque en una especie de Estado Mayor del golpe. Allí tuvieron lugar las intensas reuniones para organizar diversas tareas, de las cuales, aparentemente solo cuajó el secuestro. El segundo inmueble ya lo conocemos, es la fábrica abandonada que sirvió de calabozo para Siles, la número 1011 de la calle Estados Unidos, también en Miraflores. Era propiedad de Roberto Charvel Rescala. Había servido para elaborar café de modo industrial. La distancia entre ambas casas puede cubrirse a pie sin grandes dificultades.
Los custodios de Siles conocieron ambos lugares. Estuvieron en la casa de Fuentes Simons durante toda la noche del 29 y fueron llevados a la calle Estados Unidos en horas de la mañana. Siles fue llevado allí por personal no identificado de la unidad policial a cargo del coronel Linares y entregado a los civiles mencionados. Uno de los objetivos de los golpistas era que los centinelas no conocieran nada del plan ni de sus autores a fin de que no pudiera trazarse el nexo entre el delito cometido y los inspiradores.
¿Quiénes organizaron la captura del jefe de Estado y eventualmente el golpe que no se consumó? El principal inculpado fue el coronel Rolando Saravia Ortuño. Sin embargo, este jefe militar nunca aparece en el curso de las acciones delictivas. Su aparición pública ligada al secuestro es posterior, el 29 de mayo de 1989, cuando ya pocos recordaban los hechos 5 años antes. Hasta entonces Saravia estaba prófugo, posiblemente en Brasil. Su reaparición se da para exigir, en enero de 1990, el archivo de obrados, es decir, quiere recuperar su lugar en la institución armada cuando Siles ya ha dejado la vida pública. Saravia sostiene entonces que lo único que hizo en aquellos días fue “expresar” su “forma de pensar”. Sus afirmaciones son parte de un anticomunismo vago e impreciso. Dice haber reaccionado en defensa de las Fuerzas Armadas, que durante la UDP habrían estado “sometidas” a designios foráneos. Afirma que el entonces comandante Simón Sejas Tordoya era el encargado de tal sojuzgamiento extranjero. Saravia, quien había sido agregado militar en Caracas en 1979 y ministro del gobierno del general David Padilla Arancibia, parecía confirmar con su rechazo a Sejas que se había puesto de lado de la insubordinación militar estallada en esos días en la Escuela de Comando y Estado Mayor de Cochabamba.
El otro militar acusado del golpe de 1984 es el ya citado edecán del entonces vicepresidente Jaime Paz Zamora, el Mayor Luis Ardaya. Las sospechas cayeron sobre él cuando no se presentó sorpresivamente para sumarse a la mencionada comitiva que viajaría a España y Portugal. Su repentina ausencia en el aeropuerto hacía presumir que formaba parte del complot. Ardaya, quien, a diferencia de Saravia, fue detenido de inmediato, declaró que no pudo volar aquella madrugada porque su hermano José Ernesto había sufrido un accidente automovilístico en Caracollo. En principio, recibió la orden de viajar más tarde, y después, de quedarse en Bolivia. Ardaya también usó la fraseología de Saravia con respecto al General Sejas. Declaró que éste era militante de la Alianza de la Izquierda Nacional (ALIN), el partido fundado por los herederos políticos del General Juan José Torres. Lo calificó de “extremista” y recomendó su cambio o destitución. Con respecto al amotinamiento en Cochabamba, Ardaya dijo que sus camaradas rebeldes le habían pedido “que se haga presente” en el lugar.
El tercer militar al que se considera involucrado en el golpe es el ya citado José R. Gonzales Galloso, con grado de subteniente, y encargado aquella noche de la seguridad de la casa presidencial. Al haber estado como comandante de guardia, era el principal responsable de lo ocurrido. Al igual que Ardaya, fue detenido e interrogado, sin embargo, en su caso se observa una defensa constante de su inocencia. Gonzales Galloso no apela a ningún discurso político. Se limita a argumentar que fue engañado por Celso Pinto y que la llegada de 40 uniformados fue determinante para su rendición. De los generales Guillermo Vélez Salmón y Mario Oxa Bustos, mencionados en el expediente, solo se sabe que en su momento se opusieron a Sejas. No parecen haber participado de manera directa en la conjura.
En segundo lugar, entre los implicados están los miembros de la policía ya mencionados, que se escondieron en la Embajada de Venezuela junto a Germán Linares. Ellos, que suman cinco, salieron rumbo a España, donde esperaron la salida de Siles del gobierno. Fue entonces que ofrecieron dar sus declaraciones con el objetivo de volver al escalafón. Linares se presenta voluntariamente ante la justicia el 26 de agosto de 1985. Le creen todo, incluso que haya huido del país ante la primera llamada telefónica incriminatoria.
Por todo lo visto, son los civiles sobre quienes recaen los meses o, a veces, días de cárcel. El más notable de todos es Marcelo Galindo, quien fuera yerno del presidente René Barrientos Ortuño, arrestado el primero de agosto. Los investigadores del momento lo consideraban el ideólogo civil del golpe. Galindo se deleita en los interrogatorios explicando lo que podría ser la Segunda República y cómo se constituye la actual pirámide del poder. Provisto de amplios conocimientos jurídicos, el hombre libra una guerra legal contra las autoridades, que el 7 de septiembre de 1984 lo benefician con un hábeas corpus. Si bien reconoce haber conversado con el coronel Saravia, aclara que lo hizo por el enorme interés de ese jefe militar en las ideas de Galindo, una especie de cofre de soluciones institucionales antecedida con un diagnóstico imbatible sobre los grandes males del país.
El otro político arrestado por el caso es Reynado Venegas, un disidente del MNR, en ese momento dirigente del comité cívico de Oruro. Los sabuesos encargados de dilucidar lo sucedido llegan a él también por su conexión con el prófugo coronel Saravia. Venegas, detenido el 3 de agosto, admite haberlo conocido en la Escuela de Altos Estudios Nacionales, centro de estudios en el que civiles y militares confluyen para acreditar conocimientos. Lo interesante de la declaración de Venegas es la referencia a Valentino Martínez, en ese momento encargado político de la Embajada de Estados Unidos en La Paz, quien le habría pedido a Venegas que converse con Saravia a fin de que éste desista de dar el golpe. De haber sido así, detectamos, otra vez, el interés de la Casa Blanca de no involucrarse en actividades subversivas contra la aún frágil democracia boliviana.
A medida que se avanza en las pesquisas, se comprueba que, a más involucramiento directo en el secuestro de Siles, menor es el conocimiento de los implicados en los aspectos íntimos de la conspiración. La desconexión entre los cerebros y los operadores es visible. Es el caso de los hermanos Luis, Carlos y César Zeballos, todos ellos abogados, que habrían sido los encargados de los aspectos operativos en la casa de Fuentes Simons. Los custodios los conocieron, escucharon sus análisis de coyuntura, pero solo los vieron asilarse raudamente en la Embajada de Uruguay. Lo mismo podría decirse de Adolfo Monje, el reclutador en el billar Montecarlo, militante de base del MNR, o de Rudy Bertini Zambra, hombre de Falange Socialista Boliviana (FSB). Otro falangista es Paz Enríquez Loredo, un expolicía aduanero. Entre los autores de diversas fechorías, como quedarse con las pertenencias personales de Siles, están Demetrio Rojas Torrico, alias “Roberto”, militante de ADN. Otros seguidores de Banzer metidos en este asunto habrían sido Carolina Toledo, Juan Carlos Castaños y una red de terrorismo embrionario a cargo de tres personas de apellidos Otálora, Sandóval y Monroy. Algunos declaran haber conocido a un tal Memo, que habría sido un infiltrado de la Fuerza Aérea, quien al trabajar en la avenida Montes, era compañía frecuente de los reclutados en el billar de la Pérez Velasco. Finalmente está el ya citado Charvel Rescala, quien dice haber levantado la mano cuando en la casa de la plaza Villarroel uno de los cabecillas habría preguntado si alguien tenía una casa en la que se podría esconder algo valioso. Dos trabajadores de la cooperativa telefónica, Marcelo Avilés Cornejo y Ausberto Gross, también aparecen citados con frecuencia como potenciales operadores del golpe en materia de telecomunicaciones.
¿Quiénes organizaron la captura del jefe de Estado y eventualmente el golpe que no se consumó? El principal inculpado fue el coronel Rolando Saravia Ortuño. Sin embargo, este jefe militar nunca aparece en el curso de las acciones delictivas.
Por último, encontramos al grupo de custodios a los que Siles llevó junto a sus dos ministros aquel día 30 por la tarde a la residencia argentina en La Paz. Portaban un fusil M2 y una granada. En sus declaraciones, se pueden encontrar los atisbos de sus cortas conversaciones con el presidente de Bolivia. Uno de ellos dice haber entrado a la habitación con el catre, la frazada y las sogas. Al verlo entrar, Siles le habría preguntado: “¿A quién han nombrado como nuevo presidente?”. Cuando el hombre no supo responder, Siles habría agregado un: “gracias muchacho”, después de lo cual le habría dado la espalda para seguir descansando. Rescatamos dos frases más usadas para negociar su libertad: “no soy rencoroso” e “hijos, ustedes son mandados nomás”. En efecto, como vimos Siles nunca pensó que aquellos hombres tuvieran una auténtica responsabilidad en los hechos. Lo que pocos saben es que los seis vigilantes que Siles llevó hasta los umbrales de la avenida Kantutani, salieron de esa residencia diplomática el 2 de julio de 1984. Bajo la promesa de un juicio ecuánime, fueron trasladados a la cárcel de San Pedro. A pesar de que había flagrancia, fueron liberados en diciembre de 1985. Bertini y Paz (FSB), Rojas (ADN) y Monje (MNR) son los primeros liberados el 15 de enero. La razón es simple. El 20 de diciembre de 1984, solo seis meses después del secuestro, el senado de mayoría opositora (MNR-ADN) había aprobado una mera resolución camaral disponiendo una amnistía para exiliados, detenidos y perseguidos por razones políticas. Insólito. Cualquiera que lee el texto de la resolución podría pensar que el de la UDP había sido un gobierno plagado de violaciones a la libertad de pensamiento. Uno a uno, los implicados en el secuestro reconstruyeron rápidamente sus vidas. Linares prosiguió una larga trayectoria como represor predilecto de varios gobiernos y Celso Pinto fue noticia mucho tiempo después cuando ingresó con un camión de leche a la plaza Murillo para manifestarse en contra de un supuesto despojo de terrenos en Cochabamba. No había perdido el gusto por cuidar el factor sorpresa.
Extracto del libro “Sobre un Barril de Pólvora. Biografía de Hernán Siles Zuazo” de Rafael Archondo e Isabel Siles Ormachea – Plural editores, 2022.
