REPORTAJE
Subvenciones en atención médica y cupo laboral para la población trans son planteamientos que dividen a quienes ven la posibilidad como un acto de justicia y quienes la rechazan por considerarla paradójicamente más excluyente.
Una propuesta, de una parte de activistas de derechos de la población trans, es que existan en Bolivia subvenciones para el acceso a hormonas y a cirugías de transición de género, así como un cupo laboral en instituciones públicas y privadas.
8El filósofo John Rawls explica que existe un principio de equidad social, según el cual todos debemos gozar de las mismas libertades y derechos, y un principio de distribución (lo que ciertas personas denominan “discriminación positiva”) para paliar, de alguna manera, las asimetrías que existen en una sociedad libre y democrática.
Según el sondeo de opinión realizado para la presente nota, entre 215 personas de la ciudad de La Paz, vía digital, hay un rechazo a la discriminación positiva, mucho más en el campo del empleo que en el de la salud.
Así, el 53,9% de los consultados considera que las personas trans deben solventar los cambios corporales con sus propios recursos. Sólo un 7% está a favor de la subvención estatal y al 39,1% le resulta indiferente.
La subvención estatal de hormonas para personas trans recibe el rechazo del 39,1% de los consultados, frente al 23,2% que se muestra a favor y al 37,7% que declara que el asunto le es indiferente.
Sobre la cobertura estatal para procedimientos médicos y cirugías que pudiesen requerir, una amplia mayoría, 47%, está en contra; un 32,6% indicó ser indiferente sobre el tema, y sólo un 20,4% está a favor de la medida.
Respecto al tema laboral, una mayoría absoluta, 78,2%, se pronuncia en sentido de que las personas trans trabajen en puestos que les permitan sus capacidades. Un 17,7% expresa ser indiferente sobre este tema, y apenas un 4,1% manifiesta estar en contra de que las personas trans tengan la oportunidad de competir en el mercado laboral, es decir, se muestran transfóbicas.
Sobre la posibilidad de establecer cupos laborales en instituciones públicas, el 35,8% se posiciona en contra, el 34% se muestra indiferente, y el 30,2 vota a favor. Y, sobre esta medida en las instituciones privadas, un 35,8% señala que el tema le es indiferente, un 35,3% está en contra y un 28,8% a favor.
Los argumentos
La activista trans Maía Gonzales defiende la posibilidad de financiamiento estatal de hormonas y cirugías para la transición médica de sexo, porque considera que es injusto que las mujeres trans “de estratos sociales bajos”, aparte de luchar por pagar el alquiler y comida, tengan que asumir el costo de su transición.
La propuesta es apoyada por las integrantes de la organización de mujeres Pan y Rosas, Violeta Tamayo y Gabriela Ruesgas, y por el sociólogo Ronald Céspedes, activista de la población de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales (LGBT).
La politóloga Violeta Tamayo opina que el tratamiento hormonal y quirúrgico es elemental para apoyar la salud de las personas trans. “Supongo que cuando una decide hacer una transición, no se trata de recibir sólo un kit de maquillaje, como entiende la gente. Te están dando en específico una atención médica que implica un tema de salud mental y de integridad física. Es una decisión absolutamente vinculada a la salud. Yo creo que debería incluirse. Lo que implica pelear por un sistema de salud único, universal, gratuito y de calidad”.
La economista Gabriela Ruesgas está totalmente a favor de la medida de subsidiar el tratamiento médico de las personas trans, porque considera que es una deuda histórica del Estado boliviano para con ese sector poblacional y que el acceso a la salud es un derecho básico.
¿Por qué es un asunto de salud pública que una persona trans se opere gratuitamente, y no que una mujer cisgénero tenga, también gratis, por ejemplo implantes de senos o una rinoplastia?
Ante la pregunta de por qué es un asunto de salud pública que una persona trans se opere gratuitamente, y no que una mujer cisgénero tenga, también gratis, por ejemplo implantes de senos o una rinoplastia, Ruesgas responde que le parece tramposo plantear esa dicotomía porque una cosa es responder “a un deseo de ser más bella –según parámetros patriarcales– y otra es garantizar el derecho a una población que necesita su plena inclusión en la sociedad”.
En ese mismo sentido se pronuncia el activista LGBT, Ronald Céspedes. “Entendemos que es una política pública afirmativa (1) que difiere de la que requiere una persona cisgénero, porque esa persona cis, si es mujer, ya tiene una vagina, ya tiene senos y ya tiene una condición corporal que una mujer trans, no. Y en el caso de los hombres, es lo mismo. Entonces, en ese desequilibrio de derechos es que necesitamos crear una política pública afirmativa, que permita a las personas trans acceder al derecho a la salud que de otra manera no podrían hacerlo”.
Carlos Aranda, activista de Estudiantes por la Libertad (EsLibertad) Bolivia (organización internacional cuya misión es “educar, desarrollar y empoderar a la próxima generación de líderes” liberales, coloquialmente identificados como de derecha), está en desacuerdo: “Nada es gratis, lo pagan los ciudadanos. Y peor, nada te da el Gobierno, sino que nos quita a algunos para dar a otros. Y así, es un saqueo recíproco. Yo no estaría de acuerdo con la subvención. Si realmente estas personas están pidiendo un respeto a su proyecto de vida, deberían tener en cuenta que al requerir ese tipo de cosas no se respeta el proyecto de vida de otros”.
El economista Mauricio Medinaceli concuerda con Aranda. Una subvención “no la dan las autoridades; un subsidio consiste en quitar el dinero a unas personas para darlo a otras. Entonces, ¿cómo se quita el dinero a esas personas? A través de impuestos. Y estos impuestos después benefician a otras personas a través, justamente, de los subsidios”.
Respecto a los efectos económicos, Medinaceli comenta: “El primer impacto es que, como los recursos son limitados, tendríamos que dejar de financiar programas de educación, salud, construcción de carreteras, para dar (dinero) a otras personas. Entonces, lo que hay que reflexionar es, creo yo, a qué programa le quitamos recursos para ayudar a estas personas”.
La economista y activista de EsLibertad Bolivia, Yajaira Cazorla, concuerda con los dos anteriores análisis, pues lo primero que sucede al acrecentar un estado de bienestar es que se incrementa el gasto público. “Entonces, al incrementarse el gasto público, el Estado tiene sólo dos opciones: o reducirlo afectando a otros sectores, o simplemente pasarlo a manos de los contribuyentes”.
Pese a esta consecuencia negativa, Cazorla señala que no se opondría a que las personas trans soliciten, como contribuyentes que son, que el Sistema Universal de Salud (SUS) incluya esos servicios, porque observa que cada año se añaden otros, como las quimioterapias gratuitas en Cochabamba disponibles desde 2022.
Y acota: “En el sistema de salud existen estas comunidades, por tanto, yo no tendría por qué negarme a que, si hay la demanda, esos servicios se incluyan en el Seguro Universal; si no, para qué lo tendrían”.
Aranda cree también que la subvención sería un parche momentáneo, porque el SUS tiene problemas para su financiamiento. En lo ideal, dice, no debería existir este tipo de subvenciones para nadie.
Cupos laborales
Según el Diagnóstico del estado de situación de la población con diversa orientación sexual e identidad de género, publicado en noviembre de 2020, el 23,2% de personas trans trabaja como empleada de alguien, y el 22% es empresaria o comerciante. Tal situación que revelan las estadísticas es insuficiente para los activistas que piden un cupo laboral, porque entienden que no es un regalo, sino una deuda del Estado boliviano con una población marginada.
Maía Gonzales, que está a favor de la medida, plantea que sea regresiva, es decir, que cada año se vayan reduciendo las cuotas, porque las empresas y oficinas públicas ya estarían acostumbradas a contratar a personas trans sin necesidad de una ley que las obligue a hacerlo.
La politóloga Violeta Tamayo, también de acuerdo, plantea además el acceso libre a las universidades públicas. “Creo incluso que debería trabajarse para incluir en específico a la población LGBT, así como pasa con las cuotas especiales para compañeras y compañeros afro, compañeras y compañeros de los pueblos indígenas, o cuotas de paridad para mujeres”. Debería existir, insiste, una cuota específicamente LGBT en los espacios (políticos) “y particularmente para las personas trans, porque es la única manera en que la sociedad entienda”.
Ruesgas añade que el cupo laboral trans debería incluir a las empresas privadas, “porque es tremendo que se prive de un derecho tan absolutamente elemental y básico como es el de generar ingresos, porque nadie vive del aire”.
Los desacuerdos
Que un cupo es, contra lo que se cree, una medida discriminatoria, lo sostiene Rosario Aquim. “Se estaría “incluyendo excluyendo”, afirma, pues en el momento que se señala que un individuo está ingresando a trabajar por ser trans, automáticamente se la excluye del resto que no lo es.
El psicólogo y activista trans, Mateo Rodrigo, no ve necesario un cupo laboral trans o LGBT porque “cada persona tiene las mismas capacidades que el resto de la gente”. Lo único “que yo pido es que no se discrimine, que nos den las mismas oportunidades, que se reconozcan nuestras capacidades”.
Que un cupo es, contra lo que se cree, una medida discriminatoria, lo sostiene Rosario Aquim. “Se estaría “incluyendo excluyendo”, afirma, pues en el momento que se señala que un individuo está ingresando a trabajar por ser trans, automáticamente se la excluye del resto que no lo es. En cambio, si no se la “anuncia”, se la ve como una “persona capaz de ocupar un puesto laboral; se ve a la persona y no a su etiqueta”. Porque, “para mí, la etiqueta identitaria es una perversidad”.
La economista Yajaira Cazorla cree que activistas de la población trans piden cupos laborales porque en la “sociedad hay un rechazo a la formalidad de esa comunidad, y (en efecto) hay una dedicación de esos sectores a actividades que no están formalizadas”.
Cazorla dice que estaría de acuerdo con la medida, siempre y cuando se buscase con ella satisfacer la necesidad de inclusión de un conjunto de personas socialmente excluidas. Dicha medida debería ser momentánea y coordinada con otros sectores de la ciudadanía.
“Entiendo —añade la economista– que la incidencia, sobre todo social, es muy difícil y lleva mucho tiempo, y por eso muchos requieren ya la incidencia política”. Pero, advierte, si el Estado promueve esos cupos laborales como favor especial hacia la población trans o para intervenir en la economía, sin coordinar con la sociedad civil, con el sector empresarial, no hay que esperar muy buenos resultados, sino déficit y afección al gasto público. “Lo primero que va a suceder es, justamente, que habrán desigualdades en el ámbito legal y las consecuencias se verán en el lado económico a mediano o largo plazo”.
Entre los posibles efectos negativos, Cazorla prevé una “ola de despidos para poder implementar la cuota” y, si no, un desbalance en la planilla de la empresa.
El también activista de EsLibertad Bolivia, Carlos Aranda, está totalmente en desacuerdo con los cupos. Explica que, en caso de implementarse, se estaría obligando a aceptarla a un sector de la sociedad que tal vez no esté de acuerdo con ella, y él defiende que se debe respetar la capacidad de elección de terceros, por ejemplo, los empresarios.
Sobre la posibilidad de cuotas en el ámbito público, cree que es una mala estrategia, porque se ha visto que muchas veces no se contrata necesariamente a la persona más capaz, sino por favoritismo. ¿Qué hace pensar que, en el caso de las personas trans, la situación sería diferente?, pregunta.
El economista Mauricio Medinaceli dice no creer “en los cupos para ningún grupo, porque cada persona tiene habilidades singulares que la hacen la mejor para un puesto”. Imagínense, sugiere un caso extremo, “que la selección nacional de fútbol tuviese que aceptar un cupo de homosexuales; probablemente no hay siquiera homosexuales que juegan fútbol… o no sé”.
Solución: educación
La verdadera salida para los problemas de exclusión de la población trans en Bolivia es la educación de la sociedad en el respeto pleno de los Derechos Humanos. Así opinan quienes no están de acuerdo con los cupos.
Mateo Rodrigo cree que cuando no se juzgue a la persona por cómo se ve o se viste, qué color de piel tiene, cuál es su sexo de nacimiento o a quién ame, entre otros aspectos, se generará “una sociedad de no discriminación, no violencia y de respeto a la diversidad humana, no sólo la LGBT”.
Y “si tú generas ese ambiente, luego esa sociedad va a tener adultos sin ningún problema de trabajar con una persona trans, de trabajar con un gay, con una lesbiana, con un afrodescendiente, con una persona con discapacidad, con un extranjero, porque la van a ver como una persona más. Entonces habrás eliminado dos cosas: discriminación y violencia”.
(1) Acción afirmativa: Se entiende a aquellas medidas y políticas de carácter temporal adoptadas en favor de sectores de la población en situación de desventaja y que sufren discriminación en el ejercicio y goce efectivo de los derechos reconocidos en la Constitución y normas internacionales. Es un instrumento que puede ayudar a superar los obstáculos que impiden una igualdad real.
“Creo que (el cupo laboral trans) es una falsa estrategia, porque las personas trans que puedan demostrar su valía tampoco van a tener la oportunidad si es que el sector público maneja estas cuotas. Se ha demostrado que así pasa. No es cierto que las personas de mayor valía, que las mejor preparadas, estén trabajando en el sector público”.
Carlos Augusto Aranda Herrera. Dueño de la librería Liberland, estudiante de último año y ex secretario académico del Centro de Estudiantes de Economía en Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), y activista en Estudiantes por la Libertad (EsLibertad) Bolivia.
“El hecho de que haya una necesidad de preguntar a alguien lo que piensa (sobre la transexualidad) muestra que todavía vivimos en sociedades muy conservadoras.”
Gabriela Ruesgas Requena. Economista, docente en la carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y activista en la organización de mujeres Pan y Rosas y en la Liga Obrera Revolucionaria de la Cuarta Internacional (Lorci).
“Lo que yo creo es que muchas personas se opondrían por un prejuicio moral (a la subvención de medicamentos para personas trans). La sociedad acepta que la gente consuma tabaco (aunque luego, posiblemente, le provoque cáncer), pero no acepta que la persona sea trans. Acepta que la persona consuma azúcar (aunque, tal vez, desarrolle diabetes), pero no acepta que la persona sea trans. Acepta que la persona juegue fútbol (aunque pueda sufrir una fractura), pero no acepta que la persona sea trans. Pese a que las consecuencias de todas esas decisiones le impliquen un costo económico a la sociedad (por cubrir los tratamientos médicos)”.
Mauricio Medinaceli Monrroy. Economista, docente y exdirector de la carrera de Economía de la Universidad Católica Boliviana (UCB) “San Pablo” sede La Paz.
