Un ultimátum del Superintendente de Bancos para que su equipo encuentre la forma de procesar a un estafador piramidal. Una persecución a bordo de vehículos para atrapar al acusado y huir de sus cómplices que querían liberarlo. Casi 15 mil víctimas en varias ciudades de Bolivia y 40 millones de dólares de pérdida. El caso, que logró condena en 2013, es reconstruido por quien fue uno de los protagonistas en primera línea.
Sólo los que han asistido a las sesiones de una iglesia evangélica pueden darse cuenta del influjo que tiene el pastor predicando. Generalmente se trata de un personaje carismático, con un gran don de la palabra y apariencia ultraterrena. Así era Winsor Goitia Chappy. Su estatura era un poco mayor de la normal y había cultivado una anatomía relativamente gruesa. Esa pinta de cura de pueblo de buen comer, sus grandes bigotes más su cabello lacio, largo, caído hacia los costados de la cabeza mostraban a una persona fuera de lo común. Era convincente y ofrecía lo que todos esperan tener algún día: la garantía del más allá para no quemarse en las llamas del infierno. Sólo había que escucharlo, pagar el diezmo y practicar una vida de virtudes. Las sesiones de sus prédicas eran el bálsamo de todos los sábados. Llamaba, sin embargo, la atención que acostumbrara reunirse con algunos fieles y seguidores que parecían estar más interesados en este mundo, que en el otro. Pronto se sabría por qué.
El año 2004 salió a luz Roghel, empresa de Goitia que comenzó a promocionar entre sus fieles y seguidores créditos para la adquisición de vivienda, vehículos y recursos para montar sus propias empresas. Bastaba con aportar hasta un 50 por ciento del valor de la vivienda y esperar 180 días para tener lo que uno quería.
Fue así como el pastor, que pregonaba la palabra y daba consejos y admoniciones para una mejor vida luego de la muerte, comenzó a crear mecanismos para tener él mejor vida en esta tierra.
Era una trama perfecta en la que aprovecharía de sus fieles y seguidores. La organización prometía créditos ágiles para ellos a cambio de que se convirtieran luego en los pregoneros de las extraordinarias prácticas de esta nueva entidad: Roghel.
El siguiente paso, cerca de un año después, septiembre de 2005, consistió en ofrecer un nuevo producto financiero: el ahorro “individual” con altos intereses, ya que el dinero recibido era invertido, según se explicaba, en actividades sumamente lucrativas como minas de oro, minas de diamantes y, sobre todo, inversiones en la bolsa.
De esa manera, Roghel se iba perfilando como una entidad o institución con capacidad de captar ahorro o depósitos de la gente, pagar altos intereses (10% mensual) y conceder préstamos para vivienda y establecimiento de negocios.
Durante ese primer período, a lo largo de los años 2005 y 2006, la actividad de Roghel llegó a ser conocida por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, la SBEF. Aparecieron los síntomas de que algo no estaba marchando de manera regular. Parecía una suerte de estafa y, tal vez, piramidal, por lo atractivo de los intereses. La institución reguladora del sistema financiero no reaccionó ni ágil ni diligentemente ante esos indicios, a pesar de haber vivido Bolivia una estafa piramidal importante en los años 80: FINSA, que tampoco fue intervenida por la SBEF en esa época.
Fue así como el pastor Winsor Goitia, que pregonaba la palabra y daba consejos y admoniciones para una mejor vida luego de la muerte, comenzó a crear mecanismos para tener él mejor vida en esta tierra.
FINSA fue una empresa constituida en Cochabamba por los hermanos Arévalo Páez, que montaron la Firma Integral de Servicios Arévalo, la que pagaba intereses de siete por ciento mensual y que llegó a captar cerca de 50 millones de dólares en una década.
El principal implicado de entre los hermanos, Nelson Arévalo, apareció asesinado en su vehículo el 30 de septiembre de 1991 sin que se esclarezca hasta ahora quién lo mató.
Los otros hermanos, Eddy Franz y Carlos René, tras un proceso que duró más de doce años, fueron sentenciados en 2004 a diez años de prisión en Cochabamba. Estuvieron en la cárcel de San Antonio siete años, y luego desaparecieron del país.
La demanda inicial se había presentado el 22 de enero de 1992 por los delitos de estafa, quiebra, abuso de confianza, apropiación indebida, destrucción de documentos y otros.
Además de los hermanos Arévalo Páez, otras 16 personas fueron procesadas pero absueltas de pena y culpa, entre ellas familiares de los Arévalo (padres, primos y otros), exdependientes de la inmobiliaria y colaboradores. Según las pruebas aportadas en el proceso, habían sido personas clave no sólo para consumar la millonaria estafa, sino también para beneficiarse del dinero depositado por los ahorristas y de los bienes adquiridos con ese capital.
FINSA dejó a cerca de 20.000 personas y familias desesperadas y, en muchos casos, en la quiebra. Habían depositado su dinero en la entidad y no lo recuperaron nunca.
En 2006 se encendió la alarma en la SBEF y se mandó una carta a Roghel para que explicara las actividades que estaba realizando. La respuesta fue que Roghel estaba realizando captaciones tipificadas como “mutuo” o “préstamo” en el Código Civil, por lo que no correspondía ser supervisada por la SBEF.
Al año siguiente, en marzo de 2007, hubo cambio de superintendente de bancos: fue posesionado Marcelo Zabalaga en reemplazo de Fernando Calvo.
En la Fexpo de Cochabamba escuchó ‘el cuento del tío’: que Roghel era una empresa financiera que pagaba altos intereses por el ahorro, dado que invertía en minas de diamantes, en oro y otras actividades muy lucrativas. “Ésta es una estafa piramidal”, pensó.
La actividad de la SBEF consistía básicamente en supervisar a las entidades financieras del sistema, es decir, bancos, cooperativas, mutuales y otras. En esa época, la Mutual Guapay se encontraba en situación crítica, por lo tanto, los primeros meses del superintendente estuvieron ocupados en la búsqueda de soluciones y de eventuales planes para intervenir y suspender las actividades de la Mutual, y asegurar que los ahorristas recibieran sus depósitos y recuperasen los créditos a través de una tercera entidad financiera.
Aun así, en abril de 2017, a Zabalaga le llamaron la atención unos pequeños kioscos con la denominación de Roghel, presentes en la Feria Exposición de Cochabamba. Se acercó a dos de ellos y escuchó ‘el cuento del tío’: que Roghel era una empresa financiera que pagaba altos intereses por el ahorro, dado que invertía en minas de diamantes, en oro y otras actividades muy lucrativas. Al preguntar dónde quedaban las minas de diamantes, le dijeron: “por Sayari, camino a Oruro“. Eso le llamó poderosamente la atención, pues había trabajado en la Compañía Boliviana de Cemento (Coboce) años antes y la empresa tenía yacimientos de yeso por la zona. Jamás había escuchado de la existencia de minas de diamantes por el lugar. “Ésta es una estafa piramidal”, pensó.
Una pirámide de ancha base
En una estafa piramidal, alguien convence a mucha gente de depositar su dinero en la organización estafadora para recibir jugosos intereses (del 7 al 10%) cada fin de mes, superiores a los del mercado y a la rentabilidad de cualquier negocio. Tal cual había pasado con FINSA sucedía con Roghel.
Esta estafa se califica de “piramidal”, pues requiere que cada mes entren nuevos participantes al sistema para poder pagar el 10% de interés mensual con los mismos dineros que se recibe. Cada mes se duplican los depósitos, puesto que los socios ingresan al esquema con la condición de atraer al menos dos nuevos socios.
De esa manera, el capital creciente que van aportando o ahorrando los nuevos socios es suficiente para pagar los intereses el siguiente mes, tanto a los socios antiguos como a los que se van incorporando. En la medida en que haya nuevos socios, la bolsa del estafador seguirá creciendo.
Al día siguiente de su visita a la Fexpo de Cochabamba, de vuelta en la SBEF, el superintendente reunió a los y las abogadas de la institución con el fin de compartir sus temores y solicitar acciones urgentes para controlar a esa empresa Roghel que parecía estar en camino de procesar una gran estafa.
Las personas que asistieron al encuentro expresaron criterios más bien conservadores, pero se comprometieron a estudiar el tema para buscarle salidas. Con estas respuestas, Zabalaga volvió a dirigir su preocupación a los temas cotidianos de la SBEF y, sobre todo, a la delicada situación de la Mutual Guapay.
Y pasaron los meses, con la certidumbre cada día más grande de que la Mutual no tenía solución y que lo único que se podía hacer era intervenirla, es decir, realizar una toma de la institución, con personal de la SBEF y técnicos externos expertos en el tema, para ordenar la documentación y organizar al personal en sus diferentes sucursales a nivel nacional, a fin de que sean absorbidos por una entidad que acepte asumir activos, pasivos y el personal que le sea útil. Las pérdidas irían a un proceso de liquidación e investigación para indagar sobre posibles faltas y responsabilidades. Esta modalidad fue adoptada por la SBEF el año 2001, mediante una ley que modificó las formas antiguas de intervención y liquidación de entidades quebradas.
La toma de las oficinas de Roghel
Eran los primeros días de enero de 2008 y la SBEF se encontraba en plena intervención de la Mutual Guapay. El superintendente, quien estaba de visita en las oficinas de la Mutual Cochabamba, se sorprendió al ser testigo de la siguiente escena:
-¡Ahora ven que es cierto lo que dije! –espetó desafiante y ufano Willy, exempleado de la Mutual Guapay, a sus antiguos compañeros, mostrando los muchos dólares que llevaba en su bolso –¡Roghel funciona! –y salió de la Mutual.
Esa fue la gota que colmó el vaso. El superintendente Zabalaga decidió convocar a la plana mayor de la SBEF a una reunión urgente en Cochabamba para tratar el tema Roghel. Llegaron de La Paz técnicos, fiscalizadores y abogados. En esa reunión se debatió cómo se iba a hacer para intervenir las oficinas de Roghel, pues no había ley a favor de la intervención de la SBEF.
Romina Salazar, una de las abogadas recién contratadas en ese entonces, hoy señala:
– Todos decían: No, no se puede, no hay norma, no tenemos procedimiento, no está regulado por la SBEF, la ley dice que debería ser banco. Ligia Velasco y yo, nuevitas, les respondimos: Pero la Ley dice que todos los que con la actividad de intermediación financiera -y esta es una suerte de intermediación financiera- deben estar regulados por la Ley y, por tanto, la SBEF podría entrar. Aunque es cierto que, para conservar los principios de legalidad y de derecho a la defensa, debíamos hacer un reglamento o procedimiento. En esa reunión se debatió todo eso y había mayormente un espíritu pesimista y, a ratos, ganaba el ala conservadora de la SBEF, con la frase “no se puede”.
En cierto momento el superintendente se paró y dijo: Señoras, señores: No me importa lo que tengan que hacer, quiero que intervengamos y podamos incautar documentos y todo lo que nos parezca pertinente. Tienen dos días, 48 horas, para encontrar los mecanismos adecuados, y salió de la reunión.
Los funcionarios quedaron asustados, pero se dieron cuenta de que debían encontrar la mejor forma de intervenir Roghel y la encontraron. Se trabajó el reglamento con la ayuda de Johnny Aguilera, que acababa de seguir un curso de lavado de dinero y entendía como pocos lo que era una estafa.
Pocos días después, la SBEF ingresó a las oficinas de Roghel en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. Se había hecho la denuncia previamente y se había coordinado todo con el Viceministerio de Justicia y el apoyo de fiscales de cada distrito.
Romina sigue relatando. Al momento de hacer la entrada, nos apedrearon, se defendieron, incluso Ligia salió con una magulladura. Pero todo funcionó. Logramos avances en la legislación. Incluso, más tarde, Reynaldo Yujra, actual director de ASFI (lo que antes era SBEF) incluyó en la Ley los casos de estafas piramidales y yo misma hice una tesis de grado al respecto.
A los pocos días de esa intervención los socios de Roghel se organizaron en grupos de choque. En La Paz tomaron el hábito de marchar y concentrarse en la plaza Isabel La Católica, donde tenía su sede la SBEF, y despotricar contra la institución y su superintendente. En varias oportunidades se tuvo que acudir a la fuerza pública para poder salir y entrar a la institución.
¿Por qué la Superintendencia no actuó antes? “Ni nosotros estábamos seguros de que se trataba de una estafa, hemos tenido que interpretar varias leyes y normas para acabar de descubrir que lo era”.
En Cochabamba se organizaron en grupos de huelga de hambre, varios de los cuales estuvieron varios meses en la plaza principal, y unos cuantos, los menos, se reunieron con el superintendente para expresarle sus preocupaciones.
El tenor de las reuniones, luego de contar sus tragedias personales y señalar los montos que habían entregado a Roghel, terminaba casi siempre con dos tipos de preguntas:
– ¿Por qué la Superintendencia no había prevenido a la gente que se trataba de una estafa?
– ¿Cómo vamos a poder recuperar nuestro dinero?
La segunda pregunta era fácil de responder en aquel momento: se apresará a los culpables de la estafa y se los obligará a devolver.
La respuesta para la primera era un poco evasiva: “Ni nosotros estábamos seguros de que se trataba de una estafa, hemos tenido que interpretar varias leyes y normas para acabar de descubrir que lo era”.
En esas reuniones improvisadas con los afectados por Roghel se supo de casos de desesperantes pérdidas de patrimonio, como el caso de doña Amalia, que inicialmente puso 3.000 dólares en Roghel y, al ver que funcionaba, decidió vender su casa e invertir 30.000 dólares al negocio individual de los intereses. No habían pasado ni tres meses de esa decisión arriesgada y la SBEF había intervenido la oficina de Cochabamba. Esas situaciones nos hacían ver que, en casos de estafas de este tipo, no se puede esperar para interrumpir la actividad delictiva.
Winsor Goitia es atrapado
– Licenciado Zabalaga, imposible que venga, hay como doscientos seguidores de Goitia y no me imagino lo que le puede pasar si trata de ingresar al edificio.
El capitán Christian García, edecán del superintendente de Bancos, le advertía del riesgo que corría la autoridad si trataba de entrar a las oficinas del Defensor del Pueblo, quien se había ofrecido de mediador para resolver el conflicto social creado a raíz de la intervención de los locales de la empresa, a nivel nacional, poco antes.
A raíz de esa advertencia, se produjo una conversación entre autoridades:
– Marcelo –decía el Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín- tienes que venir, ya está aquí el señor Goitia y sería muy útil que tratemos de arreglar el conflicto que se ha suscitado entre Roghel y la Superintendencia de Bancos.
– Waldo -le decía el superintendente -, lo siento, corro mucho riesgo si trato de ingresar o salir de tu oficina. Me han informado que hay dos centenares de seguidores de Roghel. Busquemos otra oportunidad en el futuro.
– Qué pena -expresó el Defensor-, te entiendo, no queda otra que suspender la reunión, le explicaré al Sr. Goitia.
Lo que no sabía Albarracín es que se había armado esa supuesta reunión para exponer públicamente a Goitia y, entonces, poner en marcha un operativo a fin de atraparlo.
Unos días antes, el superintendente de Bancos había logrado obtener en la Fiscalía de Cochabamba, de manera discreta, un mandamiento de apremio con el objetivo de encarcelar a Goitia, acusado de estafa. Christian García se había reunido con gente de Inteligencia de la Policía de la ciudad de La Paz para que pudiese ejecutar el mandamiento de apremio, es decir, leérselo a Goitia y, enseguida, proceder a su detención y conducción a celdas de la policía o la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC).
Eran cuatro los oficiales de la Policía y una funcionaria de la Fiscalía de La Paz quienes estaban buscando la forma de lograr ese cometido.
En uno de los vehículos de la SBEF, Christian se estacionó cerca de la Defensoría del Pueblo, justo cuando Goitia salía de esas oficinas acompañado de su gente. Los oficiales y la fiscal, que estaban en otro vehículo, no vieron por conveniente operar cerca de la plaza y esperaron a que Goitia abordara un vehículo, que tomó la calle Héroes del Acre rumbo al túnel del Instituto Americano.
En el túnel, el vehículo con los agentes de Inteligencia obstruyó al auto en el que viajaba Goitia, lo hicieron bajar del mismo y lo subieron al de la Policía. Pero no contábamos, relata Christian, con que un vehículo escolta de Goitia se adelante y le cierre el paso al vehículo de Inteligencia, en el mismo túnel, haciéndole imposible avanzar.
Sin embargo, el capitán García reaccionó velozmente y, con el vehículo de la SBEF, se adelantó al carro escolta de Goitia para que los oficiales de Inteligencia sacaran a éste del carro de la Policía y lo subieran al vehículo de la SBEF. A partir de ese momento, había que elegir de manera permanente la ruta para no encontrarse con otros autos de seguidores de Goitia.
En primer lugar, relata Christian, quisimos ingresar a las dependencias de la FELCC; sin embargo, vimos el peligro, pues ya había llegado gente de Roghel. Me comunico con el superintendente para darle a conocer lo que estaba pasando. A partir de ese momento, el despacho del ‘Super’ se convirtió en el centro de operaciones de este procedimiento. El Super nos dice: ‘¡Llévenlo a Cochabamba en el vehículo de la SBEF!’ No había forma de pensar en otro medio de transporte. En la autopista nos perseguían dos o tres vehículos con gente de Goitia que le hacía seguridad. Nos siguieron hasta la tranca de Achica Arriba, donde logramos que el control de Tránsito, luego de darnos a conocer, no deje pasar a ningún vehículo. De esa manera, les obstruimos el paso y nos fuimos hacia Cochabamba.
Era el 26 de febrero de 2007, día histórico en la lucha contra las estafas piramidales en Bolivia.
En el carro de la SBEF ya iban previniendo todos los temas del recorrido y la llegada. En el trayecto, que duró toda la tarde, pensábamos qué íbamos a hacer para llegar a nuestro destino. Se nos informó que, en la tranca de Sipe Sipe, a 30 kilómetros de Cochabamba, había muchos vehículos esperando para impedir que Goitia siga viaje. De ese modo, un mayor de la Policía que trabajaba con la SBEF en Cochabamba manda un camioncito heladero, nos espera en Bombeo y se traslada a Goitia a la caja de helados.
El capitán García hoy recuerda que en Bombeo, que se encuentra en la bajada al Valle, compraron cigarrillos y latas de cerveza, y el auto fue bajando detrás del vehículo heladero.
En Sipe Sipe fueron interceptados por varios vehículos de los partidarios de Goitia, pero dado que parecía que eran unos borrachos, los dejaron pasar.
Tomamos una lata de cerveza cada uno para generar tufo, precisa Christian.
Ya en la ciudad de Cochabamba, entraron con el vehículo en las oficinas de la SBEF, sobre la avenida Heroínas. Goitia fue llevado a la Fiscalía con el mayor Aguilera quien gestionó para oficializar su detención. Desde la SBEF de La Paz se daba las instrucciones para que se organizaran los temas del combustible, hospedaje y protección.
Pocos días después, con escolta, se llevó a Goitia a La Paz, donde guardó detención domiciliaria en una casa privada de la Calle Posnasky y Corrales, hasta que fue sentenciado, varios años más tarde, y encerrado en la cárcel de San Pedro.
La importancia de reparar los daños
No se sabe a ciencia cierta el número de víctimas de Roghel. Unas fuentes se refieren a 15.000 afectados, Otras apreciaciones, por los papeles que se incautó, mostraron hasta 24.000 registros. El monto comprometido habría llegado a más de 40 millones de dólares.
El abogado Gonzalo Cordero, contratado por la SBEF en abril/mayo de 2007, puntualizó el hecho de que la etapa de investigación -que delimita el proceso y los delitos y que finalmente es la que demarca contra quién se dirigirá el juicio posteriormente-, puede tener una duración de hasta seis meses desde la imputación, es decir, desde el momento en que un juez declara que se debe abrir una causa judicial para determinar la culpabilidad o inocencia de la persona imputada (en este caso Goitia, que fue imputado el 28 de enero de 2007). Pasada la etapa de investigación comienza la etapa del juicio.
Esta etapa de investigación se desarrolló prácticamente entre las víctimas y la Fiscalía. El Ministerio Público no quería que la SBEF ingrese como parte interesada, además, como Roghel tenía víctimas en distintos lugares del país, cuando se inició el caso había víctimas e investigaciones en todas las fiscalías.
El primer problema que se tuvo es que, por regla de conexitud, el Ministerio Público determinó judicialmente que todos los casos se acumulen en el lugar donde se había iniciado el proceso penal, es decir La Paz, y se pidió que todo se remita al juez de La Paz. Todos los cuadernos de investigación y denuncias.
Esta decisión generó una suerte de complicación, pues había casos en que decenas de personas estaban en un solo caso con decenas de abogados. En estas circunstancias, la acumulación favoreció al desorden.
¿Por qué la fiscalía determinó ese curso de acción? Hay múltiples teorías acerca de la motivación del Ministerio Público para impedir que la SBEF haga parte del proceso y sólo desarrollar una Investigación parcial. Había pues otros actores y oficinas a nivel nacional, en cada departamento, por lo tanto, en cada oficina había responsables pero también había reclutadores (cómplices) que vendían la idea y que interesaban a la gente para que se incorpore a la cadena. Fue una estafa muy compleja.
En cualquier ámbito de cobro se puede entender que cuanto más deudores (estafadores) son detectados, el universo de patrimonio y recuperación es mucho mayor. En cambio, si la culpa se concentra en pocos deudores, el patrimonio a ser recuperado será menor.
En la investigación hubo varias personas, niveles medios y testaferros de Goitia, pero quien tenía la potestad de involucrar a otros era el Ministerio Público, sin embargo, este órgano estatal determinó llevar a juicio sólo a esas dos personas: Winsor Goitia Chappy y su esposa Karel Olmos.
Segundo problema, la Fiscalía sólo abrió causa con base en las acusaciones que hacían las víctimas. Y las víctimas apuntaban a la cabeza de Roghel y eso generó que no se impute a otras personas y posteriormente no se las pueda acusar.
En ese contexto fue contratado Cordero, entre abril y mayo de 2007, para participar como abogado patrocinante de la SBEF en calidad de acusador particular y víctima pública.
Fue una jugada el poder entrar a través de Santa Cruz, comenta Cordero. Había un caso suelto, no acumulado, que investigaba la Fiscalía. Como no se podía alegar delito de estafa (sólo puede ser esgrimido por la persona que hubiera sido engañada), fue precisa una ingeniería jurídica. Escogimos dos delitos de orden público, sociedades o asociaciones ficticias y asociación delictuosa, por lo cual no solamente eran las dos personas responsables, sino que había una estructura.
El 5 de julio de 2008 se acepta la querella de la SBEF. Sin la SBEF jamás se hubiera llegado a una sentencia, afirma Cordero.
Fueron 891 víctimas las que se habían apersonado formalmente al proceso. Había que sacar 2.000 a 3.000 copias para notificar en 891 lugares en todo el país. Como se acumula información en la etapa de investigación, dichas notificaciones tienen que ser devueltas para ser ratificadas en proceso de juicio.
La ASFI -nueva denominación de la Superintendencia, es decir Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero– fue actor fundamental para demostrar los delitos ante al Tribunal de Sentencia 6º, que recibió las acusaciones y las pruebas.
En todos los casos se encontró culpables a Goitia y su esposa por el delito de estafa con agravación de víctimas múltiples y sociedades y asociaciones ficticias. No hubo terceros, aunque colaboradores de Roghel aparecieron implicados en otros casos de estafa.
Cuando Cordero dejó el proceso, los acusados estaban con medidas sustitutivas, es decir, detención domiciliaria; una vez que salió la sentencia, el 9 de enero de 2013, Goitia fue a la cárcel de San Pedro con detención preventiva, y la mujer a la de Obrajes.
Winsor Goitia, que al igual que su esposa debía guardar prisión durante 14 años, falleció por un ataque al corazón el 4 de enero de 2017.
